El Consejo de Estado francés ha ratificado una normativa que prohíbe el despliegue de sistemas de reconocimiento facial en calles, transporte público y edificios gubernamentales sin una autorización judicial caso por caso.
La decisión llega después de que varios municipios probaran la tecnología durante los Juegos Olímpicos de París. Las fuerzas de seguridad han expresado su malestar, argumentando que la medida les sitúa en desventaja frente a redes criminales que operan con total libertad. La organización La Quadrature du Net, que llevó el caso a los tribunales, celebra la decisión como un precedente para toda Europa.