Los servicios sociales de Cataluña, Madrid y el País Vasco utilizan desde este año un sistema automatizado para priorizar las solicitudes de ayuda a familias en riesgo de exclusión. El sistema puntúa cada caso según 47 variables y determina quién recibe atención urgente.
Organizaciones de derechos civiles han denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos que el algoritmo penaliza a familias monoparentales y a personas con historial de desempleo prolongado. La Agencia ha abierto una investigación preliminar. Desde las administraciones implicadas defienden que el sistema permite gestionar el triple de solicitudes con los mismos recursos humanos.